CLAUDIO SALINAS Y ALEJANDRO TRUJILLO
El Gobierno ingresó esta semana a la Cámara de Diputados una iniciativa legal que establece la entrega de financiamiento público a los partidos políticos.
La reforma es uno de los puntos de la agenda de transparencia y calidad de la política que está impulsando el Ejecutivo.
Actualmente, los partidos ya reciben un aporte fiscal para financiar sus gastos electorales en períodos de campaña -equivalente a 0,010 UF por voto-, pero la nueva propuesta busca cubrir los gastos fijos operacionales y las actividades de formación cívica de militantes y asesorías a parlamentarios que efectúen dichas colectividades.
La propuesta del Ejecutivo está contenida en una indicación presentada al proyecto que modifica la ley sobre gasto electoral y que establece normas contra la intervención electoral.
El financiamiento estatal de los partidos responde a un viejo reclamo de los partidos de la Concertación, y para favorecer un acuerdo con la Alianza el Gobierno lo está planteando junto con la mantención del aporte de personas jurídicas a las campañas, que originalmente se proponía suprimir.
Esta gran reforma se inscribe dentro de la denominada "agenda sobre calidad de la política", que contempla además otras iniciativas, como publicidad de las declaraciones de patrimonio y de intereses de autoridades, fideicomiso ciego, legalización de las primarias y nuevas inhabilidades parlamentarias.
Plata y más controles
La indicación establece que los partidos legales tendrán derecho a recibir del fisco un aporte anual equivalente al 0,025 UF por cada voto obtenido en la última elección de concejales (ver infografía), que deberán destinar en 65 por ciento a sus gastos fijos de funcionamiento, y el 35% restante a tareas de formación cívica de sus afiliados y asesorías a sus parlamentarios.
Como correlato a la entrega de estos fondos, la normativa establece una serie de controles, restricciones y severas sanciones en caso de incumplimiento.
Para fiscalizar el manejo de estos aportes, los partidos deberán entregar un balance anual de sus ingresos y gastos, y publicar en su sitio web sus bienes y el uso de los aportes. Para fiscalizar todo ello se crea en el Servicio Electoral una nueva Subdirección de Control de Gasto Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos.
Se propone, además, que el desvío de los fondos públicos a otros fines puede llevar a la disolución del partido, y la no entrega de los balances ni la publicación en el sitio web lleva a la inhabilitación de los directivos por 8 años.
Alianza condiciona apoyo para aprobar el proyecto enviado por La Moneda
"Así como está, no lo vamos a aprobar", fueron las palabras del presidente de RN, Carlos Larraín, quien desde Punta Arenas explicó sus reparos al proyecto del Ejecutivo para el financiamiento de los partidos.
A juicio del líder opositor, "el financiamiento público de los partidos será la prolongación del aparato del Estado y eso sólo aumentará la burocracia".
Larraín también señaló que este proyecto sólo conseguirá que la ciudadanía se aleje aún más de los partidos políticos, pues los verían como ligados al Gobierno, sin independencia del Estado.
El diputado de la UDI Felipe Ward, quien ha monitoreado el tema como miembro de la comisión de Gobierno, afirmó que el proyecto tiene "aspectos rescatables".
Sin embargo criticó que el Gobierno, específicamente el ministro de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo, puso "demasiada" urgencia a la discusión de un proyecto que, a su juicio, debe tomarse con mucha calma.
"Quiero dejar en claro que de esta forma no se legisla. Cuando estamos en un tema tan importante no se puede revisar en una semana", dijo.
En defensa del proyecto, el diputado DC Jorge Burgos manifestó su satisfacción con la propuesta.
En ese sentido, señaló que "el financiamiento público de la política es una buena cosa, porque deja atrás otras formas de financiamiento poco transparentes, que tantos problemas nos han traído".
"Ley Pérez Yoma" obliga a mecanismo de primarias internas y regula las órdenes de partido
Como parte del paquete de reformas políticas y de modernización del Estado que ha impulsado el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, junto a la norma del financiamiento, el Gobierno enviará en las próximas horas al Congreso un proyecto que transforma por completo la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.
El texto originalmente iba a ser presentado en forma oficial ayer en La Moneda, en una ceremonia que encabezaría la Presidenta Bachelet; sin embargo, y producto de una reunión de emergencia convocada para abordar el tema de la catástrofe de Chaitén, la actividad quedó postergada para el próximo lunes.
El proyecto, al cual tuvo acceso "El Mercurio", entre otras cosas, obliga a las colectividades a recurrir al mecanismo de elecciones primarias internas para elegir a sus candidatos "en todos los niveles partidarios", incluidos los abanderados presidenciales.
"Para dichos efectos, los partidos habrán de observar el principio de igualdad de derechos de todos los afiliados (...) esto es, un militante un voto", señala en uno de sus artículos.
Junto con expresar los principios, deberes y facultades que deben regir el funcionamiento de los partidos políticos, la reforma contempla también algunas disposiciones para regular su disciplina interna.
En ese sentido, y aun cuando garantiza que "la disciplina interna no puede afectar el ejercicio de derechos prescritos en la Constitución", en uno de los incisos de su artículo 82 introduce el concepto de las órdenes de partido.
Según señala el texto, se considerará infracción a la disciplina interna "no obedecer las órdenes impartidas por el partido, tratándose de los miembros parlamentarios".
El texto consigna también como infracción el "romper o desconocer pactos políticos electorales o parlamentarios celebrados por el partido sin la autorización correspondiente".
La experiencia internacional sobre el financiamiento
En el mundo hay distintos modelos de financiamiento, los que están marcados por la línea europea y la línea norteamericana. En el viejo continente, las democracias europeas -caracterizadas en su mayoría por un régimen parlamentario- contemplan dentro de sus gastos la entrega de recursos a los partidos políticos.
En Estados Unidos, en cambio, el financiamiento sólo se utiliza en las campañas presidenciales, aunque la mayoría de las veces los candidatos optan por no hacer uso de este beneficio, pues los requisitos y los topes de aportes que pone la legislación norteamericana hacen que prefieran abstenerse de esta posibilidad.
Beyer (CEP) se opone a financiar a partidos a través de los votos
El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) Harald Beyer valoró la idea del Ejecutivo de financiar los partidos políticos a través de aportes estatales; sin embargo, cuestionó el mecanismo de asignación de recursos que incluye la idea del Gobierno, que es dar un aporte según los votos obtenidos por cada colectividad en la votación de concejales.
"No me gusta la forma específica en la que se quiere dar el financiamiento, pues asignar recursos a través de los votos sólo logra que la ciudadanía se aleje de los partidos", afirmó el experto en temas sobre gasto electoral en campañas políticas.
Pese a ello, el cientista político valoró aspectos del proyecto señalando que "me parece positivo dar un financiamiento a los partidos, pues esto dará una mayor profesionalización del rol estatal, además de contemplar una mayor transparencia en ese gasto". Beyer, además, consideró peculiar el hecho de que el Ejecutivo eligiera las votaciones de concejales como parámetro para asignar los fondos, pues -explicó- esa votación es la que marca una mayor distancia entre los sufragios que obtiene la Concertación versus la Alianza y los partidos de la izquierda extraparlamentaria.
|